La vivienda es un derecho humano, no es solo una mercancía. Cada ser humano necesita vivienda para vivir en un espacio seguro donde estén protegidos de los elementos naturales y puedan convivir en un ubicación estable con otras personas. Sin embargo, desgraciadamente en nuestro país la vivienda es utilizada por propietarios corporativos, grandes y pequeños, para hacer ganancias a expensas de millones de personas que necesitan un lugar para vivir.
La gente lucha por encontrar viviendas dignas y seguras con precios de alquiler o hipotecas asequibles. Algunas personas se aglomeran en unidades de vivienda o se resignan a vivir en un sofá con tal de salir adelante, mientras que otros se ven abandonados a la intemperie.
Como resultado de las prácticas racistas, como la línea roja, las personas de color son las que mas sufren de no tener viviendas asequibles y adecuadas, incluyendo comunidades segregadas, racismo ambiental, trabajos de bajos salarios, instalaciones educativas, de salud y recreativas inadecuadas, y ataques de la policía.
En 1948, las Naciones Unidas aprobaron por abrumadora mayoría la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece claramente que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado a la salud y el bienestar de ellos y sus familias. Este derecho incluye el derecho a la vivienda y el derecho a la seguridad en el caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra falta de medios de subsistencia. Estos derechos expresos son la base de más de 70 acuerdos internacionales.
El derecho a una vivienda digna y asequible está vinculado a todos los seres humanos, las luchas que enfrentamos como trabajadores y personas oprimidas dentro del Sistema Capitalista cuyo objetivo es agrandar al máximo las ganancias para el grupo de gente gobernante dueño de las corporaciones, que no le importa las necesidades de las personas, ni las del planeta.
Es hora de traer la vivienda como un derecho humano al frente de las luchas de hoy en muchos niveles: comunitario, estatal y nacional. En el espíritu de esta crisis, ofrecemos el siguiente programa:
¡LA VIVIENDA ES UN DERECHO HUMANO!
La Crisis de vivienda en Connecticut
Connecticut se enfrenta a una crisis de vivienda cada vez peor en cuanto a precios asequibles, agravada por la avaricia empresarial y los prejuicios históricos. Somos el décimo estado menos asequible para obtener un alquiler razonable, con aumentos de alquiler promedio año tras año en cualquier lugar del 12 al 27% en los últimos 5 años.
Las familias trabajadoras en nuestro estado están cada vez más sobrecargadas con los pagos de alquiler o se quedan totalmente sin vivienda. De hecho, cuatro de las cinco ciudades más grandes en Connecticut han llegado a constar en la lista de las 100 áreas metropolitanas en los Estados Unidos por las tasas más altas de desalojo.
Cuando los alquileres suben, las familias de clase trabajadora en las ciudades de Connecticut, a menudo no pueden mudarse debido a la falta de opciones de alojamiento disponibles y asequibles. Familias de clase trabajadora que buscan comprar una casa se quedan fuera de esa oportunidad por el alto valor de la misma. Veinte por ciento de todas las viviendas en venta es comprada por instituciones inversionistas, como Blackstone y UBS Realty Investors, únicamente para el propósito de revenderlos.
Investigadores del Centro Conjunto de los Estudios de Vivienda explican que estas condiciones “también pueden dar incentivo para los propietarios de apartamentos que, al ver una demanda creciente entre los hogares de altos ingresos, pueden hacer la transición de unidades de precios moderados a unidades de niveles de renta más altos, agotando así la oferta de unidades de renta más baja. y ejerciendo más presión sobre los inquilinos de las unidades de ingresos bajos y medianos.”
Esta estructura perversa de incentivos conduce a un problema crónico de asequibilidad de la vivienda. Según la Coalición de Vivienda de la Comisión Nacional de Bajos Ingresos, Connecticut carece de un estimado de 89,000 viviendas asequibles que estén disponibles para inquilinos con muy bajos ingresos, que constituyen un tercio de los inquilinos en el estado. De estos inquilinos que han podido encontrar vivienda, el 68% gasta más de la mitad de sus ingresos mensuales en alquiler, en comparación con los lineamientos federales que sugieren que el gasto en vivienda sea el 30% de los ingresos. El Partido Comunista de EE.UU. exige que la vivienda cueste no más del 10% del ingreso de un hogar.
Antes de la implementación de la ley del Derecho a la Defensa en 2021, o sea, el derecho a tener un abogado, menos del 7% de los inquilinos tenían representación legal en los casos de desalojo, en comparación con el 80% de los propietarios que estaban representados por un abogado. Los inquilinos que no tenían abogado tenían el doble de probabilidades de ser desalojados. Una evaluación reciente del Derecho a tener abogado encontró que el 76% de los inquilinos que consiguieron un abogado pudieron evitar una sentencia de desalojo y el 71% pudo evitar un movimiento involuntario.
Por primera vez en 10 años, la falta de vivienda está aumentando en Connecticut. Solo un tercio de las personas que llaman al 2-1-1 para solicitar vivienda de emergencias obtienen colocaciones en albergues, los dos tercios restantes son dejados en la calle.
El problema de los alquileres de alto costo, las viviendas de mala calidad y los desalojos lo soportan desproporcionadamente los residentes negros y latinos, que representan la mayor parte de los inquilinos de bajos ingresos y que tienen más más del doble de probabilidades de ser desalojados que los inquilinos blancos.
Las cuatro ciudades con la tasa más alta de desalojos en Connecticut también tienen la tasa más alta de residentes negros o latinos. Las mujeres arrendatarias, a menudo cabeza de familia, representan el 56% de los expedientes de desalojo. Miembros de la comunidad LGBTQ+, así como los indocumentados, están entre los más desastrosamente discriminados por los propietarios.
La vivienda es esencial para la seguridad y la prosperidad de nuestro estado, y el sustento de las familias de clase trabajadora y la gente de color. A pesar de los esfuerzos durante décadas, muchas de las políticas racistas de zonificación históricamente establecidas para mantener la segregación y excluir la vivienda para las familias de la clase trabajadora y las personas de color, continuan.
“Zonificación excluyente” en localidades ricas, incluyendo restricciones en el tipo de vivienda, tamaño del lote y mandatos de estacionamiento, requisitos de piso, restricciones de escritura y limitaciones de ocupación hacen que sea más difícil para crear viviendas asequibles, ejerciendo presión sobre los alquileres en todas partes y, a menudo, dejando a las personas de color en una situacion de vida deficiente.
Un análisis de la EPA de los peligros para la seguridad ambiental en áreas residenciales encontraron que más de 9,000 propiedades subsidiadas por el gobierno federal se asentaban dentro de una milla de los sitios Superfund. Los sitios Superfund son áreas que están tan contaminadas que requieren una respuesta de limpieza a largo plazo para remover el material peligroso.
La Gente antes de las Ganancias en Vivienda
La crisis de la vivienda está incrustada en la crisis del capitalismo. Las injustas desigualdades de este sistema quedaron expuestas durante la pandemia. Durante la pandemia, 12 multimillonarios de Connecticut agarraron $ 15 mil millones en nueva riqueza mientras que los trabajadores indispensables y los trabajadores de salariados bajos, muchos de ellos mujeres y personas de color, fueron abandonados luchando por sobrevivir, trabajando muchas horas pero sin conseguir que su salario cubra el costo de la vida. El elevado costo de la vivienda intensificó esta desesperada situación.
La lucha por la igualdad de acceso a viviendas asequibles de calidad es una batalla constante cuando la vivienda es una mercancía en el "libre mercado". El afán de lucro pisotea el derecho básico a la calidad de vivienda asequible. Así la lucha por la vivienda como derecho humano muestra la necesidad de una visión más grande y el socialismo, donde la vivienda es un derecho humano y los costos son una fracción de los ingresos. La lucha por la vivienda es una lucha por la democracia y un cambio de prioridades para proteger los derechos de los inquilinos y los derechos de los dueños de casa.
En Connecticut esto subraya la necesidad de reducir a los inversionistas financieros y sus ganancias. Y a nivel estatal y local, una política que limite las adquisiciones y los permisos a los inversionistas de alto calado y coloque recargos fiscales en grandes adquisiciones por parte de los mega inversores, de manera que se puedan ayudar a preservar la calidad de vida de las comunidades de la clase trabajadora.
También se necesita una política para proteger a los inquilinos de la especulación de precios al permitir a los arrendatarios organizarse y darles poder en órganos de control que controlan los aumentos de alquiler y prohibir las represalias.
La crisis de la vivienda deja en claro la necesidad de la inversión pública a gran escala en viviendas asequibles, sostenibles y accesibles a la clase trabajadora, incluidos los más vulnerables. Destaca la necesidad de prioridades nacionales que financien las
necesidades humanas y no el inflado presupuesto militar.
El Partido Comunista de EE. UU. en Connecticut y a nivel nacional tiene una larga historial de participación y organización para obtener un alojamiento seguro y asequible. Estas acciones incluyen la lucha contra los desalojos de viviendas durante la Gran Depresión, trabajando por la vivienda integrada, y exigiendo viviendas adecuadas, seguras y asequibles para todas las familias de los trabajadores.
El Partido Comunista considera que la crisis inmobiliaria actual exige un frente único multirracial de trabajadores y sus sindicatos, organizaciones de derechos civiles, jóvenes, adultos mayores, organizaciones de la comunidad y otros. La codicia inhumana e insaciable de los dueños de propiedades corporativas y los financistas deben ser detenidos.
Hoy en Connecticut, un movimiento está dando un paso al frente para reclamar la vivienda como un derecho humano. Por ejemplo, en esta sesión legislativa, los trabajadores movilizados superaban en número a los terratenientes en una proporción de cinco a uno en la audiencia pública más larga en la memoria de las audiencias para ponerle un tope a la factura del alquiler. Esto refleja el hecho de que el 72% del público apoya limitar el alquiler. Por primera vez en la historia de Connecticut, los límites de alquiler se discutieron y se consideraron pública y seriamente. Como una madre testificó ante la legislatura estatal: “Es estresante e inhumano no encontrar una vivienda asequible, porque es un problema humano el derecho a tener un techo y permanecer en la comunidad. El desplazamiento es mucho más abusivo para los niños”. Este es solo el comienzo.
Programa de emergencia de diez puntos
Hacemos un llamado al Estado de Connecticut y a todos los municipios locales para:
1. Declarar inmediatamente el estado de emergencia y continuar y ampliar todas las protecciones contra los desalojos y ejecuciones hipotecarias implementadas durante la pandemia.
2. Promulgar un tope de alquiler anual del 2,5%, junto con reglas para evitar aumentos de alquiler de un inquilino a otro y la prohibición de desalojos sin causa.
3. Eliminar las desigualdades y la discriminación sistémicas; hacer cumplir las leyes contra la discriminación contra las líneas rojas y otras prácticas dañinas por parte de grandes terratenientes y prestamistas; requerir leyes de zonificación municipal que permitan
unidades de vivienda familiar y asequible; promulgar reglas que sellen los registros de desalojo y ejecución hipotecaria para que los propietarios no puede usar esa información para discriminar contra inquilinos que hacen valer sus derechos.
4. Requerir comisiones representativas de renta justa en todos los municipios y dar legitimidad a los sindicatos de inquilinos ante esas comisiones; defender el derecho a organizar sindicatos de inquilinos y promulgar normas que exijan el reconocimiento de esos sindicatos por parte de sus propietarios.
5. Asignar recursos suficientes para ampliar el Derecho al Programa de Asesoramiento para cubrir todos los municipios del estado.
6. Ampliar la asistencia de alquiler estatal y federal para personas de bajos ingresos y hogares de ingresos moderados, incluso para los sin casa.
7. Hacer cumplir la protección igualitaria del medio ambiente y Peligros para la salud en la vivienda.
8. Aumentar los impuestos y tarifas de traspaso de bienes raíces a los grandes inversores comprando viviendas unifamiliares y de alquiler propiedades y utilizar esos fondos para crear asequibles unidades.
9. Promulgar la Agenda de Equidad presentada por Recovery for All
para gravar a los ricos y proporcionar alivio a los inquilinos y dueños de casa. La Agenda de Equidad aumentaría ingresos por $ 1.24 -1.44 mil millones por año a través de 2 millones impuesto sobre la propiedad en todo el estado sobre la propiedad comercial y propiedades residenciales por valor de más de $1.5 millones, una Impuesto adicional del 5 por ciento sobre las ganancias de capital para las personas que ganan más de $500,000, aumentando la tasa de impuestos corporativos, y un impuesto de publicidad digital del 10 por ciento a las empresas ganando más de $10 mil millones. Crearía tres nuevos tramos impositivos con tasas impositivas más altas para las personas ganando más de $1 millón, $10 millones y $25 millón. La agenda incluye desgravación fiscal para los pobres y clase media gastando anualmente: $49 millones para mantener el crédito del impuesto sobre la renta del estado; $250 millones para duplicar el crédito tributario por hijos a $500; $ 180-240 millones duplicar el crédito fiscal sobre la propiedad a $600; y $180- 240 millones para proporcionar alivio del impuesto predial a personas de la tercera edad.
10.Hacer una histórica inversión pública nacional en vivienda asequible mediante la reasignación de fondos del presupuesto militar excesivo a nuestras comunidades como parte de una transición justa hacia una economía verde y pacífica.
Emitido por el Partido Comunista de Connecticut EE. UU. - Abril de 2023
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